Qué implica el cuestionado traspaso de la Guardia Nacional de México a control militar

El Senado de México aprobó el miércoles el pase de la Guardia Nacional al mando de los militares a pesar de las críticas generalizadas de organizaciones humanitarias y expertos que sostienen que la reforma profundizará la militarización en el país.
Es la segunda reforma constitucional en dos semanas que da al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador otra victoria días antes de su salida. El 11 de septiembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó una polémica reforma judicial impulsada por él para la elección de los jueces por voto popular, lo que ha suscitado los temores de que se politice el poder judicial.
Después de debatir durante toda la noche, el partido gobernante Morena y sus aliados superaron a la oposición alentada por las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos y los expertos de las Naciones Unidas. Negaron que el cambio militarizará al país, asegurando en cambio que los militares ayudarían a la Guardia Nacional a convertirse en una fuerza de seguridad más eficaz.
Cuando López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, había esperanzas, alentadas por sus propios comentarios, de que enviaría a los militares de vuelta a los cuarteles tras muchos años de enfrentamiento con los poderosos cárteles de la droga. Ahora, al final de su sexenio, los militares no solo permanecerán en las calles, sino que también comandarán la Guardia Nacional de casi 130.000 efectivos.
Creada en 2019, la Guardia Nacional fue vendida a los mexicanos como una fuerza de seguridad civil bajo el control de la Secretaría de Seguridad federal. Hubo dudas de inmediato porque muchos de sus miembros provenían inicialmente del ejército y la Marina, y su estructura de mando estaba formada en gran parte por militares recién retirados.
El presidente ya había intentado anteriormente poner a la Guardia Nacional bajo mando militar, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró el año pasado inconstitucional.
A igual que sus antecesores, López Obrador necesitaba a los militares para responder a los asombrosos niveles de violencia. La policía estaba superada en armamento e infiltrada por los cárteles de la droga.
Ante la compleja situación el gobernante promovió al inicio de su sexenio la creación de la Guardia Nacional como una fuerza civil que permitiría a los militares abandonar las calles en 2024.
En su lugar, ha puesto a la Guardia Nacional bajo mando militar y ha ampliado la justificación legal para mantener a los soldados en las calles.
López Obrador sostiene que los militares son dignos de confianza y no son corruptos, en contraposición con la policía federal, a la que disolvió tachándola de “profundamente corrupta” y acusándola de no tener arreglo.
Además de la seguridad pública, López Obrador ha otorgado a las fuerzas armadas responsabilidades sin precedentes como la gestión de aeropuertos, puertos, aduanas, una línea aérea y la construcción de un tren turístico en la península de Yucatán.
“Es una regresión y es una implosión en términos tanto de seguridad como de derechos humanos”, afirmó la politóloga mexicana Ana Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae de Chile.
Mientras que la policía está entrenada para ser garante de derechos, los militares lo están para luchar contra enemigos externos que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos, explicó.
“Me parece que este cambio, junto con lo que acabamos de ver de la reforma al Poder Judicial, pues deja en una total vulnerabilidad a los ciudadanos”, planteó Cárdenas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el martes en un comunicado antes de la votación que a sus expertos les preocupaba que el cambio pudiera conducir a más desapariciones forzadas e impunidad. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México advirtió que sería un paso “sin retorno” hacia la militarización.
El senador Luis Donaldo Colosio, del partido opositor Movimiento Ciudadano, dijo que dar a los militares el control de la Guardia Nacional en lugar de convertirla en una verdadera policía civil normalizaba la idea de que México tiene que estar bajo control militar para lograr la paz.
Sobre la incidencia que tendrá la reforma en la Guardia Nacional hay posiciones encontradas. Por un lado, las autoridades y congresistas oficialistas sostienen que la iniciativa ayudará a mejorar la supervisión del cuerpo y lo fortalecerá debido a que tendrá el apoyo de una poderosa institución como el ejército.
Para el analista de seguridad David Saucedo el cambio sólo es la “formalización de algo que existía de facto”, pero no permitirá que el cuerpo sea más competente en las labores de seguridad.
Saucedo expresó que la Guardia Nacional no ha sido efectiva para bajar los niveles de violencia porque su forma de operar es “nada más como presencia disuasiva, rondines y la instalación de cuarteles”. No investiga, no tiene inteligencia y ni siquiera enfrenta directamente a las células criminales, aseguró.